ESTUDIOS SOBRE EL PODER

Congreso de criminales

Sin liderazgo presidencial, para entender el panorama político actual en Guatemala, hay que mirar hacia el Congreso.

Congreso de criminales
En Guatemala no hay liderazgo presidencial; para entender la política nacional hay que mirar hacia el Congreso de la República, el cual dentro de la teoría política es sinónimo de representatividad. Sin embargo, este modelo está basado en una falacia, porque presupone la existencia de partidos políticos y tras ello de legitimidad, todo lo cual no existe.

Un Congreso poderoso

El Congreso de la República de Guatemala tiene poderes extraordinarios. Quizás el ejemplo que mejor nos ayude a entenderlo está contenido en el artículo 171, inciso b, de la Constitución Política, en donde se dice que es atribución específica del parlamento aprobar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado… y modificarlo.

Lo anterior quiere decir, en la teoría y en la práctica, que sin ser un ente técnico, anualmente es quien reparte los recursos públicos a toda la institucionalidad del Estado. Ello obliga al presidente, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a todos los alcaldes y en general a la administración pública a buscar apoyo dentro del legislativo a riesgo de quedarse fuera de la nómina presupuestaria. Y ejemplos como el anterior, hay muchos más.

Por todo ello, es que desde hace muchos años vemos que el punto obligado, y más lógico, para que cualquier grupo ejerza presión social sea frente al Congreso. Ha quedado atrás la época en que era el Palacio Nacional (simbólica sede del gobierno) en donde se resolvían los grandes nudos problemáticos del país.

Pero, ¿a qué Congreso se le atribuye tanto poder?

Dicho de una vez, se trata de un Congreso de criminales. Se dice lo anterior considerando diversos elementos. El primero es que salvo un 5 por ciento de sus miembros (el Organismo Legislativo se compone de 158 diputados), todas y todos los diputados carecen de una ideología definida. Es decir, carecen de un proyecto de país fundamentado a través del enunciado de valores éticos y de guías de acción previamente definidas, por lo que se mueven exclusivamente al ritmo de la pragmática política, dando su voto a quien les ofrezca mejores negocios y beneficios personales o grupales, según el sector al cual pertenezcan.

En segundo lugar, porque la gran mayoría de ellos compraron su curul. Hay diputados distritales que ni siquiera son del departamento al cual representan, otros que nunca hicieron campaña pero aportaron el dinero que el partido les pidió y otros más a quiénes directamente los pusieron allí para garantizarles inmunidad ante los delitos cometidos durante las administraciones anteriores.

En tercer lugar, porque los partidos políticos, como ya se dijo, son una mezcla de corporaciones/clubes que solamente funcionan como agencias para introducir diputados (clientes/amigos) al parlamento. Pero ya adentro, el análisis partidario deja de importar. Así se explica sobre todo la normalización del transfuguismo. Pero también el hecho de que dentro de una misma bancada no haya una disciplina partidaria. Así, dentro del partido oficial actual, el FCN-Nación, hay hasta 3 grupos con quienes se tiene que negociar por separado para efectos de cualquier ley que se requiera impulsar. En dichos casos, pues, el partido es la excusa, lo importante es el cártel al que se pertenece.

En cuarto lugar, como igualmente se mencionó, alrededor de la actual legislatura hay al menos una tercera parte de diputados que están directamente vinculados con hechos criminales. Estos pueden dividirse en tres tipos:
a) los que fueron electos (ya explicamos cómo lo lograron) y que no pudieron asumir su curul porque el Tribunal Supremo Electoral no se los permitió (debido a faltas electorales relacionadas todas ellas a casos de corrupción);
b) los que siendo electos han sido vinculados a estructuras criminales y actualmente han perdido su inmunidad y están presos o huyendo (al estilo de Luis Rabbé y Puñalito Ovalle); y,
c) los que están atrincherados en el Congreso, aferrándose al poder colectivo que aún les queda para mantener su inmunidad (es el caso típico de Melgar Padilla, pero también de la cuarentena de diputados que potencialmente estarían involucrados en el caso de Oderbretch, por el cual habrían recibido millonarias sumas de dinero a cambio de votos).

El poder los imaginarios

Mientras los guatemaltecos sigan pensando que los partidos políticos son tales, es instrumentos de mediación entre la población y el Estado, la legitimidad del voto seguirá en descenso, pero con suficiente fuerza para mantener este estado de cosas.

Los partidos políticos no representan a la población, salvo muy excepcionales casos de diputados. Por ende, lo que se requiere es la reformulación de las reglas del juego y ello obligatoriamente tiene tres aristas:

Una. Depuración del Congreso. Hay que apoyar los esfuerzos de la CICIG-MP por desmantelar los principales cárteles dentro del parlamento. Un ejemplo de ello es el partido FCN-Nación, que languidece porque es incapaz de explicar cómo fue financiado, en tanto hay evidencias de que pudo haber inversión del narcotráfico. Este partido es un cadáver ya, pero el Tribunal Supremo Electoral parece no tener la fuerza política para enterrarlo.

Dos. Reformas políticas urgentes, sobre todo al sistema electoral. Esto implica revisar las fórmulas permitidas de financiamiento de partidos políticos, las reglas de transparencia al respecto, el robustecimiento de la autoridad electoral, el replanteo del doble sistema de listado nacional y distrital, el transfuguismo, la democracia intra partidaria, etc.

Tres. Promover la organización política, la rendición de cuentas y la participación política de la ciudadanía. Sin una nueva generación de lideresas y líderes políticos y de nuevos partidos, posteriores a la depuración y a la reconstrucción del sistema electoral, el Congreso seguirá siendo un interlocutor necesario, pero ilegítimo.

Última modificación: 19 de marzo de 2017 a las 22:54
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